700.000 EUROS EN UN TRÁMITE IRREGULAR
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La Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, de propiedad municipal, cobra, en contra de la normativa, por el traspaso de tumbas a herederos.
En la página 8 del Reglamento de Cementerios del Ayuntamiento de Madrid se especifica que la transmisión "mortis causa" de la titularidad de una tumba o un nicho en un cementerio de la capital, lo que se denomina oficialmente como una "unidad de enterramiento", será gratuito.
Sin embargo, aquellos ciudadanos madrileños que sufren el fallecimiento de un familiar reciben poco después una notificación de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM), de la que el Ayuntamiento posee el 51%, que les conmina a realizar un trámite de traspaso con un coste de 87,90 euros.
En principio, este trámite consistiría simplemente en entrar en una base de datos y cambiar un nombre por otro, por lo que el coste administrativo es irrelevante. El pago resulta, por tanto, incomprensible si no se entiende como una especie de tasa que no se debería cobrar.
Libertad Digital ha podido comprobar también a través de una comunicación telefónica con la EMSF que este trámite no es excepcional ni eventual, sino que se aplica en todos los casos en los que se realiza la transmisión de la propiedad de una "unidad de enterramiento".
Unos 700.000 euros al año
La cantidad en cada caso no es excesivamente importante, pero al final de cada ejercicio supone una importante fuente de ingresos para la EMSFM.
Así, según datos facilitados a Libertad Digital por la propia EMSFM cada año se da sepultura en los cementerios de Madrid a unas 14.000 personas (14.170 en 2010), de las cuales un 58% tenían adquirida ya una sepultura que, por tanto, debe traspasarse a los herederos.
Esto supone unos 8.000 traspasos al año (aunque la EMSFM concede un plazo de 5 años para realizar el trámite), lo que a 87,90 euros cada uno de ellos supondría unos ingresos de aproximadamente 700.000 euros anuales.
Una empresa nacida con polémica
La EMSF es la compañía que tiene encargada la gestión de los cementerios, tanatorios y crematorios de la ciudad de Madrid. Está participada a un 51% por el Ayuntamiento de Madrid, mientras el 49% restante de las acciones es propiedad de Funespaña.
Esta privatización parcial se produjo en 1992 en un proceso extremadamente polémico: la participación se vendió por un precio simbólico de 100 pesetas alegando que la empresa era ruinosa.
El proceso fue considerado irregular y llevó incluso a la apertura de un procedimiento penal en el que finalmente se condenó al que había sido asesor municipal en el proceso, José Ignacio Rodrigo, por un delito de tráfico de influencias y por complicidad en otro de prevaricación.
El que en el momento de la privatización era Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Luis Huete, fue también condenado a dos años y un día de inhabilitación por un delito de prevaricación. Huete ocuparía además el cargo de diputado en la Asamblea de Madrid durante varias legislaturas e incluso fue senador durante una legislatura.
Además, años después de la venta José Ignacio Rodrigo accedía a la presidencia de Funespaña tras adquirir un importante paquete de acciones de la compañía a través de una OPA.
LIBERTAD DIGITAL
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